Complicada situación
financiera de Tabasco
*El "hoyo" financiero heredado por la administración de Arturo Núñez Jiménez afectó las participaciones federales destinadas para este año hasta más de un 24%
Villahermosa.-Por la Deuda Directa de 6 mil 443 millones de pesos que enfrenta el gobierno de Tabasco, los recursos derivados de las participaciones federales 2019 que recibe la administración estatal se ven afectados hasta en un 24.305%, de acuerdo a la información que proporcionó la Secretaría de Finanzas.
A Tabasco del presupuesto federal de este año, se le adelantaron en los primeros meses del 2019: enero, febrero y marzo, alrededor de 2 mil 500 a 4 mil 500 millones de pesos por concepto de adelanto a las participaciones federales, por el hoyo financiero que dejó la administración pasada y que fue de 5 mil 800 millones de pesos.
Otra de las causas de este déficit, es producto del desaseo financiero que dejó el ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez durante su sexenio y la nueva administración que encabeza el gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández, tuvo que echar mano del adelanto de las participaciones federales, que se paga mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390 de acuerdo a la Secretaría de Finanzas de Tabasco.
Además, más del 94% del presupuesto se va en el pago de nómina del gobierno estatal, sobre todo en Educación y Salud, que son de los presupuestos más grandes en la entidad, y solamente un 1% y 2% se va para infraestructura y el resto para otro tipo de gastos.
La situación económica en Tabasco es complicada, porque las obligaciones financieras rebasan los ingresos locales, ya que de los 53 mil millones de pesos que este año está ejerciendo el gobierno, tiene que cumplir con los pagos comprometidos, además de pagar la deuda de más de 6 mil millones de pesos con intereses.
El actual Presupuesto que se ejerce este año en Tabasco, asciende a la cantidad de 53',268,246,630 (Cincuenta y tres mil doscientos sesenta y ocho millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.), que se integran por 29 ́201,157,591 (Veintinueve mil doscientos un millones ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) que corresponde a ingresos provenientes de participaciones que incluyen los incentivos otorgados al Estado, mediante instrumentos jurídicos suscritos con la federación y los demás fondos participables, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos estatales.
Además de 15'775,221,286 (Quince mil setecientos setenta y cinco millones doscientos veintiún mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), que provienen de los fondos de aportaciones del ramo general 33; 6 ́085,883,570 (Seis mil ochenta y cinco millones ochocientos ochenta y tres mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.) de los convenios que se suscriban con la federación y programas federales; y 2 ́205,984,183 (Dos mil doscientos cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) de recursos transferidos por la federación.
La nueva administración estatal tiene el compromiso de destinar 913 millones mensualmente para el pago de la deuda más los intereses y amortizaciones.
De acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas, el pasivo gubernamental se divide en dos partes: la deuda pública central por 4 mil 572 millones 88 mil 316.74 pesos, con Banorte, Scotiabank-Inverlat, Banamex y BBVA Bancomer; y la de obligación cupón cero, por mil 979 millones 123 mil 354.94 pesos, con Banobras Fonrec y Banobras Profise.
Las obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o inmediata generen recursos públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se consideran como inversiones públicas productivas, entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado.
El saldo total de la deuda a largo plazo del Gobierno del Estado de Tabasco al 30 de junio de 2019 es de 6 mil 443 millones de pesos, correspondiente al sector central.
La deuda directa del primer trimestre es de 6,497,502.39 y en el segundo trimestre es de 6,443,184.01; con la Banca Comercial es de 4,518,379.04 en el primer trimestre y en el segundo de 4,464,060.66 , mientras que con la Banca de Desarrollo es de 1,979,123 en el primer trimestre y en el segundo trimestre la cantidad es la misma.
TABASCO LUGAR 26 EN TRANSPARENCIA
Pero además Tabasco, la tierra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ocupa el lugar número 26 en falta de transparencia y la entidad a comparación de otros estados del Sureste como Campeche, Veracruz y Chiapas.
Es decir, que Tabasco se encuentra entre los cinco estados más opacos en transparencia financiera y disponibilidad de información fiscal, de acuerdo a la última evaluación de la consultora ARegional.
En cuanto a Transparencia, la entidad ocupa el lugar 26 de las 29 entidades que evalúa ARegional, con 50.15 puntos, debajo del 79.93 del promedio nacional en transparencia y respecto a 2018 cayó 11.10 puntos.
Veracruz es el estado más opaco, seguido de: Guerrero, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México.
El Estado de México, Querétaro y Sonora fueron los mejores evaluados.
Mediante el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), ARegional cuantifica el nivel de disponibilidad y calidad de la información fiscal generada y publicada por las entidades federativas en sus portales oficiales.
Foto: Tabasco se encuentra nivel bajo de transparencia por información fiscal desactualizada, incompleta y con carencia en calidad y desglose de las variables y periodos solicitados.
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Sonora y Chihuahua sin estrategia
de seguridad, alerta Causa en Común
*La organización que encabeza María Elena Morera, argumentó que a nivel nacional, Chihuahua es la tercera entidad con mayor número de policías asesinados, y Sonora es la sexta
Hermosillo.-La organización Causa en Común destacó que las víctimas de la familia LeBarón también son responsabilidad de los gobiernos de Sonora y Chihuahua, que han claudicado en su obligación de proveer de seguridad a los habitantes de sus entidades, dejando en manos de la administración federal la seguridad.
En un análisis de la situación que se vive en el país en materia de inseguridad, violencia e impunidad, la agrupación destacó que hay una ausencia de estrategia de seguridad de los gobiernos estatales.
Expuso que durante los primeros nueve meses, se han registrado mil 965 víctimas de homicidio doloso en Chihuahua, siendo la tercera entidad con la tasa más alta, con 69 por cada 100 mil habitantes.
En Sonora, se han cometido durante el mismo periodo 948 asesinatos, para arrojar una tasa de 43 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional se encuentra en 28.
La organización que encabeza María Elena Morera, argumentó que a nivel nacional, Chihuahua es la tercera entidad con mayor número de policías asesinados, y Sonora es la sexta. En lo que va del año han asesinado, al menos, a 26 y 21 elementos, respectivamente.
En materia de desarrollo policial, ninguno de los estados cumple con los mínimos requisitos estipulados en ley. A pesar del riesgo que conlleva la función policial, ninguno cuenta con un régimen complementario de seguridad social que les brinde la protección necesaria.
De acuerdo con una encuesta realizada por Causa en Común este año, en Chihuahua, 92 por ciento de los policías refirieron que han tenido que comprar sus botas; 93 por ciento su uniforme; 73 por ciento los cartuchos y 67 por ciento las reparaciones de su patrulla.
En Sonora, el panorama es igual: 91 por ciento refirieron que pagaron por sus uniformes; 88 por ciento por sus botas; 56 por ciento por sus cartuchos, mientras que 41 por ciento por reparaciones de patrulla.
"De nueva cuenta, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades federales y estatales para que asuman plenamente su responsabilidad de construir verdaderas instituciones de seguridad y procuración de justicia, y de enfrentar a los criminales", concluyó.
Foto: Sonora y Chihuahua sin seguridad plena
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BREVES
1.-Se acumulan quejas contra
centros de verificación vehicular
Cuernavaca, Morelos.- Todos los centros de verificación vehicular que ofrecen servicio dentro el estado de Morelos han recibido una y hasta dos quejas en lo que va del año, por cobros indebidos, dobles pagos, entre otras anomalías.
Datos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem), registran 15 quejas presentadas por usuarios por irregularidades en los 11 centros de verificación.
En cada uno se ha presentado algún tipo de situación irregular derivando en la molestia de los automovilistas, lo que ha llevado a presentar sus denuncias en la Propaem, la cual se encarga de revisar y sancionar las malas prácticas.
"Las denuncias van enfocadas por la atención que tienen los centros de verificación con los usuarios, que se generan bastantes filas, falta de atención, inconformidad en los hologramas, y en algunos casos dobles pagos o pagos indebidos", señaló Blanca Selene Corona Marquina, titular de la Propaem.
Derivado de ello, señaló la procuradora del medio ambiente, se realizan inspecciones para atender las denuncias, y verificar la atención que se está otorgando a los usuarios en los establecimientos, y en algunos casos se sanciona o se hace un exhorto.
En este sentido, se estima que las quejas ascienden a un número mayor, sin embargo, algunos automovilistas prefieren no presentar de manera formal su inconformidad contra el verificentro, y optan por caer en las malas prácticas o dejar de realizar el trámite.
2.- Michoacán, epicentro de la
máxima competencia charra
Morelia.-Con 2 mil 500 competidores de México y Estados Unidos, Michoacán es a partir de hoy el epicentro de la máxima fiesta de la charrería nacional.
Y para el acto inaugural se armó un gran espectáculo, que incluyó un concierto de gala, danzas, caballos bailadores y las primeras suertes en el renovado lienzo charro Pabellón Don Vasco.
En el evento participan un total de 135 equipos, 15 charros completos y 112 escaramuzas, que disputarán 70 charreadas a partir de hoy. "Durante más de 23 días, Michoacán será la capital de la fiesta, la pasión y la alegría de las suertes realizadas a caballo por escaramuzas y charros, que son lo más representativo de México"
Ataviado en traje de charro, el mandatario estatal encabezó la apertura del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2019, que en su edición número 75 es dedicado al héroe independentista José María Morelos, michoacano.
En el acto inaugural participaron también el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Leonardo Dávila Salinas, y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia y gobiernos de los estados de Jalisco, Aguascalientes y el Estado de México.
Aureoles destacó que, después de 12 años, Michoacán vuelve a alojar esta gran fiesta que no tenía la entidad desde 2007.
"Así como Morelos lo hizo hace 200 años, cabalgando de día y de noche para lograr una patria independiente, libre y soberana, así con ese arraigo, con esa identidad con el caballo y con la fiesta, es que hoy celebramos este gran acontecimiento", expresó.
3.- Guadalajara clausura cuatro
establecimientos por falta de licencias
Guadalajara.-El Ayuntamiento de Guadalajara continúa con los operativos de supervisión de giros comerciales para detectar la generación excesiva de ruido. En un comunicado, la administración municipal informó que la Dirección de Inspección y Vigilancia, con apoyo de personal de Inspección ambiental y la Comisaría de la Policía de Guadalajara, supervisaron 38 establecimientos ubicados en puntos como las colonias Americana, Ladrón de Guevara, Arcos Vallarta, Centro, Jardines de la Cruz, San Juan Bosco y Country Club.
Tras las revisiones, fueron clausurados cuatro establecimientos: dos por no tener licencia para la venta de bebidas alcohólicas, y dos más por carecer del refrendo de la licencia municipal. En tanto, cuatro negocios más fueron apercibidos por exceder los decibeles permitidos en la ley.
También se levantaron cinco actas por diversas irregularidades como carecer de análisis de aguas residuales y no presentar el contrato correspondiente para la recolección de basura.
Desde la puesta en marcha de estos operativos, autoridades tapatías han supervisado cerca de 500 establecimientos, se han impuesto 47 infracciones por infringir reglamentos y 148 por violentar normas ambientales.
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