SIN LINEA
***¡¡Aguas con la nueva Ley de Transparencia! advierte el Senado
José SANCHEZ LOPEZ
joebotlle@gmail.com
ALGO se cocina en el oráculo legislativo, ahí donde no podemos llegar
los simples mortales. Y si los dioses del Senado muestran oídos sordos
(lo que sería insólito) a la voz de alerta del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), regresaremos a
la época cuando se podían ocultar los peores latrocinios sin que nadie
pudiera pedir, menos aún exigir explicaciones.
La Ley de Transparencia vino a combatir, en cierta parte, esa rampante
impunidad y gracias a ello se conocieron hechos de personajes cuyas
fechorías acabaron con su carrera y en muy pocos casos, terminaron en
la cárcel.
Ahora, con el cúmulo de reformas, la Ley de Transparencia no podía ser
exceptuada y justo cuando la Cámara Alta discute esa nueva ley, el
IFAI advierte del posible retroceso en el que se puede caer de no
tomar en cuenta varias adecuaciones.
Los comisionados del IFAI enviaron al Senado un documento con 10
puntos relevantes que debería contener la nueva ley, aprobada hace más
de un año.
Exige al Senado no acotar el derecho ciudadano al acceso a la
información, ni afectar el principio de máxima publicidad al que deben
estar obligadas todas las dependencias públicas.
Eso es el ciudadano pregunta y la institución responde.
Señala también que se precisen los conceptos y causales de reserva
(cuando no quieran contestar), bajo los argumentos de seguridad
nacional, estabilidad financiera, económica y monetaria.
Que los sujetos obligados, cuando pretendan reservar información,
realicen y ofrezcan la prueba de daño, como argumento.
Deja en claro que corresponde al legislador, establecer parámetros
específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que
sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una
sociedad democrática, de tal manera que no se deje al arbitrio de los
sujetos obligados.
Considera necesario que se mantengan como sujetos obligados de la ley,
los fideicomisos y fondos públicos, sin hacer distinción alguna entre
aquellos que son entidades paraestatales y los que no lo son.
Debe ser una obligación de transparencia la publicación del nombre de
aquellos a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal,
su vinculación con el monto para que no quede como mero dato
estadístico.
En lo referente a los supuestos de violaciones graves a los derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, recomienda que se mantenga la
excepción a la reserva, sin condicionarla a que exista un
pronunciamiento previo de una autoridad competente.
Se pide evitar la posibilidad de que la Consejería Jurídica pueda
impugnar, por razones de seguridad nacional, las resoluciones de los
órganos de transparencia de las entidades federativas, pues el
Artículo 6 constitucional sólo prevé la impugnación de las
resoluciones del IFAI.
Se pide que el Sistema Nacional de Transparencia, quede integrado sólo
por miembros del IFAI y los órganos de transparencia de las entidades
federativas, sin incluir a funcionarios del Gobierno Federal.
Rechaza que haya sanciones a los organismos de transparencia, pues
inhibe la función constitucional que tienen encomendada, en perjuicio
de la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
La alerta está dada, que no nos salgan los señores legisladores, luego
de las reformas, con que no supieron lo que aprobaban.
Esos 10 puntos son imprescindibles si es que se quiere presumir de un
estado democrático y con plena libertad, de lo contrario volveremos a
esa etapa (si no es que ya estamos) en que unos se cubrían a otros
para alcahuetearse sus trapacerías.***Toda acción tiene su medida real
en sus consecuencias.***AU REVOIR.
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