• Evalúan a servidores públicos de la Administración Pública Estatal en igualdad de género.
Lino Calderón
Toluca, Estado de México.- Más del 70 por ciento de quienes laboran en dependencias públicas considera que existe una política de igualdad laboral y sin discriminación.
Así lo constató el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) tras aplicar un cuestionario especializado al interior de diferentes dependencias de la administración pública como parte de las acciones realizadas a través de la Alerta de Violencia de Género en la entidad.
La Vocal Ejecutiva del CEMyBS, Melissa Vargas Camacho, destacó que este ejercicio impulsa y garantiza al interior de la administración pública, la construcción de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
"Se trabaja también al interior de las dependencias, por eso se realizó el estudio, a fin de conocer de qué manera se sienten vulnerados laboralmente los servidores públicos y darle solución", puntualizó.
Durante el ejercicio, se encuestaron a 735 servidores públicos de diferentes secretarías e instituciones también con la finalidad de constatar que exista un mejor trato hacia la ciudadanía que es atendida diariamente por las dependencias estatales.
En las mesas de trabajo del programa de "Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración Pública del Estado de México", donde se dieron a conocer estos datos, Vargas Camacho aseguró que para el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, es una prioridad erradicar la desigualdad de género, así como los problemas que ésta conlleva.
"En las mesas de trabajo se exponen las diferentes problemáticas que en este sentido plantean los representantes de las instancias que participan, a fin de dar solución a las mismas", expresó.
El CEMyBS, organismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, dio a conocer que con este programa se trabaja de manera específica en la capacitación y asesoramiento del personal, donde también participan los ayuntamientos, la Fiscalía General de Justicia estatal, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como las dependencia sanitaria involucradas en temas de violencia de género.
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