EL CASO ODEBRECH PAGO DE FAVORES DE PEÑA NIETO
*Braskem, filial de Odebrecht, financió con varios millones de dólares la campaña de Peña Nieto
*Emilio Lozoya era el enlace y los recursos se depositaron en cuentas a su nombre en paraísos fiscales
Ciudad de México.- Uno de los casos de corrupción que más han sido publicados por le medios de comunicación, pero que se ha mantenido archivado por implicar a personalidades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del sexenio pasado y al mismo ex presidente Peña Nieto, es el de la empresa brasileña Odebrech.
Braskem, una de las filiales de la empresa brasileña Odebrecht, financió en 2012 con varios millones de dólares la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Esta información fue dada a conocer por Carlos Fadigas, el ex director de dicha empresa quien testificó ante la justicia brasileña para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como "Lava Jato", que ha tocado a un sinfín de países en América Latina.
De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Fadigas confesó a un grupo de inversionistas en una reunión privada en febrero de 2013, que la empresa acompañó "de tiempo completo" la campaña presidencial de Peña Nieto.
Este "acompañamiento" fue realizado a través de tres transferencias de 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, relacionada con el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien en ese entonces fungía como Vinculador Internacional en la campaña de Peña Nieto.
"Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña", señaló Fadigas.
MCCI dio a conocer que la constructora Odebrecht financió ilegalmente con 3 millones 140 mil dólares (40 millones de pesos), la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de transferencias bancarias a una empresa en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato priista.
La investigación reveló también que Peña Nieto se reunió en tres ocasiones con Marcelo Odebrecht: la primera vez en 2010 cuándo aún era gobernador del Estado de México y viajó a Brasil para encontrarse con el empresario, una vez más en octubre de 2011, el brasileño se reunió con EPN en Toluca y la última vez que se vieron fue en noviembre de 2012, unos días antes de la toma de protesta del priista, apenas un día después de la reunión de Odebrecht con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y el ex presidente Felipe Calderón.
Odebrecht realizó "entregas de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien habría recibido sumas millonarias cuando fue equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012", antes de convertirse en director general de Pemex, desde diciembre de ese año hasta febrero de 2016.
Uno de los acuerdos fue firmado con "beneficios indebidos" a la filial de la constructora brasileña Braskem, que rubricó un consorcio con la firma privada mexicana Idesa "por montos multimillonarios y por contratos de más de 20 años".
El objetivo del contrato era la producción de polietileno (plástico) con materia prima (etileno) suministrada por Pemex, supuestamente, a un precio preferencial, menor al del mercado internacional.
De acuerdo con la investigación realizada por el New York Times, los millones de dólares en sobornos de Odebrecht se pagaron a los funcionarios que trabajan para Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de cuentas en paraísos fiscales . Los contratos, pagos de sobornos y transferencias monetarias que fueron reveladas por el gobierno brasileño forman parte de la investigación que permanece sin revelar.
En una revisión del expediente mexicano del caso Odebrecht, al que tuvo acceso The New York Times, confirmó que, "en ocasiones, la misma PGR parecía estar retrasando los procesos". Uno de los implicado es el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, quien de acuerdo al diario recibió retribuciones por al menos 10 millones de dólares de la firma brasileña.
Lozoya ha negado en diversas ocasiones las acusaciones que se realizan en su contra. De acuerdo con una investigación realizada por Quinto Elemento Lab, una vez que Lozoya llegó a la dirección general de Pemex, Odebrecht le pidió ayuda para ganar contratos, y la respuesta fue positiva. La misma organización señala que posteriormente, durante 2013 y 2014, continuaron los pagos transferidos a través de empresas offshore.
A Emilio Lozoya se le acusa de haber recibido 3 millones 140 mil dólares de Odebrecht durante la contienda electoral de 2012, cuando se desempeñaba como Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña presidencial de Enrique Peña.
Una vez que Peña asumió la presidencia, Lozoya fue designado como director de Pemex, y, de acuerdo con un informante citado por Quinto Elemento Lab, desde entonces recibió al menos otros 6 millones de dólares a cambio de obras en Tula, Hidalgo.
El investigador Alberto Olvera en el artículo "Political Crisis, Social Movements and the Future of Democracy in Mexico" asevera: "Desde mediados de 2014, lo que parecía ser una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió en un relato de horror e incompetencia".
El caso de Ximena Puente presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Las reacciones ante la candidatura de Puente como candidata a diputada federal por el PRI fueron desde la aprobación de José Antonio Meade, quien aseguró que con la comisionada como legisladora se mandó "una señal de transparencia", hasta el rechazo de todos los partidos políticos de oposición.
Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal es un ejemplo de esta trama.
Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.
Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.
Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.
Entre otras resoluciones polémicas, una en particular que involucra a Puente y generó críticas en noviembre pasado, tiene que ver con la manera en que el INAI reservó como información clasificada los detalles de la operación a través de la cual Pemex, vía Lozoya, gastó más de mil 395 millones de dólares para quedarse con dos plantas de fertilizantes quebradas: Agro Nitrogenados y Fertinal.
Las autoridades mexicanas no ampliaron las indagatorias para buscar nuevos contratos o pagos que el gobierno de Brasil pudo haber pasado por alto, de acuerdo al New York Times.
Luego de renunciar a la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, ex titular de la dependencia, dijo públicamente que la investigación estaba concluida. Su sucesor, quien quedo encargado de despacho Alberto Elías Beltrán, refutó estas declaraciones, al sugerir que las indagatorias continúan, y por lo tanto la PGR no puede divulgar detalles sobre el avance en el caso.
Ningún funcionario ha sido acusado por aceptar sobornos de Odebrecht, y la única sanción, hasta ahora, es un impedimento para participar en contrataciones públicas con la empresa. Aunque en realidad, según los entrevistados por el diario, las investigaciones por el caso fueron archivadas.
Sin embargo, todo parece indicar que las investigaciones del caso Odebrech podrían quedar archivadas por la inclusión de Javier Jiménez Espriú en el gabinete de López Obrador.
Espriú, fue funcionario de Pemex durante el Gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gotari (1988-1994), y formó parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa hasta mayo de 2018.
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