Confrontan diputados Ley de General de Aguas
Su privatización está en juego, advierten
Por Lourdes Aguilar Romero
Ante la amenazas de legisladores del PRD y Morena de realizar diversas acciones de resistencia civil para frenar el presunto intento de privatizar el agua en el país, la Jucopo determinó aplazar definitivamente la votación de la de la Ley General de Aguas.
En medio de diversas declaraciones que reflejan gran controversia por la discusión de la Ley General del Agua, los legisladores dejaron ver que no existen acuerdos concretos, porque mientras que diputados de oposición advierten que el agua será privatizada y se trasgrede con ello el derecho humano a este vital líquido, legisladores del PRI, aseguran que no se privatizará.
En conferencia de prensa, por separado, el coordinador del PRI en el Palacio de San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, confirmó la decisión unánime de diferir por "el tiempo que sea necesario" el proyecto, con el fin de aclarar la desinformación que al respecto se ha generado.
Aseguró que "no hay un solo elemento para señalar que es una iniciativa privatizadora del agua", y de manera categórica sostuvo que eso le quedaría claro con la simple lectura del dictamen "a cualquiera que no tenga lento aprendizaje al respecto".
A su vez, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Kamel Athie Flores (PRI), aseguró que el dictamen sobre la Ley General de Aguas contempla a este líquido como de seguridad nacional y, por lo tanto, bajo la rectoría del Estado rechazó su presunta privatización.
Detalló que no se modifican artículos constitucionales como el 27, sobre la propiedad de las aguas a favor de la nación, ni el 115, que le da a los municipios el privilegio de abastecer el líquido a sus habitantes, tampoco la Ley de Bienes Nacionales, que sería el otro instrumento mediante el cual se pudiera privatizar.
Recordó que ese dictamen tiene alrededor de dos años de haberse conformando, ha sido tratado en diversos foros, insistió que no privatiza este líquido y lo reconoce como un derecho humano, subrayó.
"En esta iniciativa contamos con el aval del PAN, del PVEM, y también contiene múltiples observaciones de compañeros del PRD, que nos acompañaron en la iniciativa desde un principio y que horas antes de poder discutirse en comisiones unidas, por razones que desconocemos, pero que respetamos, decidieron ya no seguir con el proyecto", destacó.
Comentó que unos nueve millones de mexicanos se encuentran en una situación crítica respecto al agua, en zonas rurales y urbanas, y mencionó que a ellos se dirige esta ley, para que tengan acceso al vital líquido.
Previamente, legisladores perredistas encabezados por Aleida Alavez, Alejandro Sánchez Camacho, Socorro Ceseñas y Javier Orihuela, así como Alfonso Durazo, de Morena, y Lilia Aguilar, del PT, insistieron en acusar la intentona de privatización del agua, y reafirmaron su intención de emprender acciones políticas y jurídicas para impedir la aprobación de la ley.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz (PRD), afirmó que el dictamen que se elaboró sobre la Ley General de Aguas, las privatiza y se trasgrede el derecho humano a este vital líquido.
Consideró que el dictamen "es ignominioso e impuesto" desde Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, ya que "trasgrede, más que hacer valer, el derecho humano al agua".
La legisladora perredista aseguró que "mienten al decir que no se privatiza el agua".
A la rueda de prensa asistieron los diputados perredistas José Luis Muñoz Soria, Socorro Ceseñas Chapa, Javier Orihuela García y Alejandro Sánchez Camacho.
Asimismo, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como Rafael Huizar, del Instituto de Geología; Adrián Ortega, responsable del Laboratorio Móvil de Rastreo de Contaminantes del Subsuelo del Centro de Geo-ciencias, y Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía.
María del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no estuvo presente pero envió un mensaje, en el que adelantó que entregarán al rector, José Narro Robles, cinco mil 500 firmas, a fin de que promueva una discusión pública y abierta sobre el tema.
FIN DE NOTA
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